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En la presentación del evento se destacó que «la catástrofe humanitaria que atravesó América Latina y El Caribe por la pandemia profundizó los enormes déficits sociales que ya arrastraba la región, y las políticas de redistribución social son fundamentales para promover una sociedad más equitativa».
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo el 1% de la población más rica obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía, esto es el doble de la media del mundo industrializado.
A la vez, un reciente relevo de la Cepal demostró que la pandemia llevó a la pobreza al punto más alto en la región, en la que hay cerca de 209 millones de pobres de los cuales 78 millones están en situación extrema.
«América Latina y El Caribe recaudan mucho por impuestos al consumo, pero poco por impuestos a la riqueza. Actualmente, se pierden 26.000 millones de dólares por año por no gravar a las grandes fortunas», se destacó en el informe de presentación.
En ese sentido, se destacó que «la salida de recursos de los países producto de la evasión fiscal, impide el desarrollo de políticas públicas inclusivas», por lo que es «rol central de los Estados garantizar una política de redistribución, para que aquellos que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más que quienes se encuentran en profunda desigualdad».
Nota con información de Télam, publicada originalmente en eldestapeweb
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