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Apoyo al llamado de los Ministros africanos de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico a favor de una convención fiscal de la ONU

De la Tax Justice Network Africa (TJNA) junto con Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), miembros de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ)

A lo largo de los últimos años, los países del Sur Global han pedido repetidamente la creación de un organismo fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas para arreglar el sistema fiscal internacional y liderar el establecimiento de normas fiscales globales. El mes pasado, se reiteró este llamado durante la Conferencia de Ministros Africanos de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico.

Al término de la 54ª sesión, celebrada los días 16 y 17 de mayo de 2022 en Dakar, los ministros respaldaron las resoluciones aprobadas por el Comité de Expertos. En la sección sobre “frenar los flujos financieros ilícitos y recuperar los activos perdidos”, las resoluciones incluían lo siguiente:

“La Conferencia de Ministros: […] Exhorta a las Naciones Unidas a que inicien negociaciones, bajo sus auspicios, sobre una convención internacional en materia fiscal, con la participación de todos los Estados miembros y las partes interesadas, destinada a eliminar la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios, la evasión fiscal, incluida la del impuesto sobre las ganancias de capital, y otros abusos fiscales.”

La aprobación de esta resolución por parte de los ministros africanos de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico se suma a las voces de las naciones en desarrollo que hace tiempo piden un proceso de negociación fiscal intergubernamental en la ONU. Desde hace más de dos décadas, el G77 y China han pedido que “los Estados miembros consideren la conversión del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Materia de Tributación en un órgano subsidiario intergubernamental del Consejo Económico y Social”, señalando su preocupación por el hecho de que “no exista un órgano mundial e inclusivo de establecimiento de normas para la cooperación fiscal internacional a nivel intergubernamental’. Desde entonces, numerosos grupos del Sur Global y Estados miembros han hecho repetidos llamados en este sentido. Recientemente, el G77 y China lo reiteraron en el Foro sobre la Financiación para el Desarrollo de 2022 junto con el Grupo de África, señalando “la urgente necesidad de establecer un organismo fiscal intergubernamental universal de la ONU y negociar una Convención Fiscal de la ONU para abordar de forma integral las guaridas fiscales, el abuso fiscal de las empresas multinacionales y otros flujos financieros ilícitos a través de un proceso intergubernamental verdaderamente universal en la ONU, con amplia participación de los titulares de derechos”.

En febrero de 2021, el informe del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad Financieras para el logro de la Agenda 2030 (FACTI Panel) también pidió a la comunidad internacional que iniciara un proceso por una Convención Fiscal de la ONU.

Los flujos financieros ilícitos (FFI) siguen haciendo estragos en las economías del mundo, afectando de forma desproporcionada a los países en desarrollo, especialmente en la era post-COVID. El Estado de la Justicia Fiscal 2021 demostró que los países pierden al menos 483.000 millones de dólares en impuestos al año por el abuso fiscal global cometido por empresas multinacionales e individuos ricos. A pesar de que las naciones en desarrollo se ven afectadas de manera desproporcionada por los FFI relacionados con los impuestos, siempre se les ha dejado fuera de los procesos de elaboración de normas que podrían ofrecer soluciones para estos desafíos.

La negociación de las nuevas normas fiscales globales tiene lugar actualmente dentro del Marco Inclusivo (MI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A pesar de su nombre, el MI de la OCDE no es realmente inclusivo, ya que más de un tercio de los países del mundo no son miembros de la plataforma, no todos los países participan de los debates sobre la reforma del sistema fiscal mundial en igualdad de condiciones y el MI conlleva un sesgo inherente hacia los intereses de los miembros de la OCDE. En la actualidad, sólo la mitad de los países africanos son miembros del MI y tan sólo 24 países africanos respaldaron la más reciente solución de los Dos Pilares para abordar los desafíos fiscales de la digitalización de la economía, aunque haya sido celebrada como un acuerdo global.

Además, en una serie de cartas recientes, un grupo de expertos independientes y relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación por el hecho de que el primer pilar “facilitará las estrategias agresivas de optimización fiscal y la evasión de impuestos” y el segundo pilar “reducirá la capacidad de los países de ingresos bajos y medios de movilizar recursos suficientes para invertir en servicios públicos esenciales y garantizar la realización de los derechos humanos”, reiterando la inadecuación del MI de la OCDE como órgano normativo mundial.

La inadecuación de la OCDE para establecer normas mundiales se queda evidente también en sus decisiones en materia de transparencia fiscal durante la última década. Esto incluye decisiones sobre el intercambio transfronterizo de información sobre cuentas financieras y sobre las actividades de las empresas multinacionales, que pueden revelar patrones de abuso fiscal por parte de individuos y corporaciones, diseñadas de manera que excluyen sistemáticamente a los países de menores ingresos de los beneficios.

Por lo tanto, apoyamos los continuos esfuerzos de los países en desarrollo y, más recientemente, de los ministros africanos para pedir una convención internacional en materia fiscal en la ONU. Mientras las naciones en desarrollo continúan con estos llamamientos, instamos a los países de la OCDE – cuya postura ha sido tradicionalmente obstructiva con respecto a los esfuerzos – a establecer una plataforma realmente democrática de negociación.

Si es implementada, esta resolución hará que la regulación de la fiscalidad internacional deje de estar en manos de unos pocos países ricos, que han determinado las normas fiscales internacionales durante décadas, y pase a las manos de la ONU. Por ello, los abajo firmantes apoyamos el llamado de los países en desarrollo y de los ministros africanos a favor de una convención fiscal internacional y de un organismo fiscal intergubernamental bajo el auspicio de la ONU.

Una convención fiscal de la ONU:

  • Promovería las reformas democráticas del marco fiscal internacional, permitiendo consultas realmente inclusivas para garantizar que los intereses de las naciones en desarrollo estén representados.
  • Iniciaría el proceso de armonización de los acuerdos fiscales internacionales para eliminar su sesgo hacia los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo.
  • Fomentaría una mayor colaboración entre los gobiernos en materia fiscal de forma justa, transparente y responsable. Esto también mejoraría la coordinación y la coherencia entre las instituciones y, en última instancia, haría que las cuestiones fiscales se administraran bajo un único marco.

Por lo tanto, instamos que:

  1. Los gobiernos de todas las regiones del Sur Global intensifiquen la cooperación Sur-Sur y den prioridad a su demanda por un proceso de negociación fiscal universal e intergubernamental en la ONU, incluyendo declaraciones expresas de apoyo al reciente llamado de los ministros africanos a favor de una convención fiscal de la ONU para dar impulso político.
  2. Los gobiernos de la UE y de la OCDE reconozcan que los fallos del sistema actual también anulan su propia capacidad de ofrecer una fiscalidad progresiva de la renta, los beneficios, el patrimonio y las ganancias de capital, y que den su apoyo al inicio de las negociaciones de una convención fiscal de la ONU.
  3. El Secretario General de la ONU emita una declaración de solidaridad con los países del Sur Global y que impulse un debate sobre una convención fiscal de la ONU en la próxima Asamblea General de la ONU de 2022.

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