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La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) presenta el estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe”, una investigación que expone cómo los actuales sistemas tributarios nacionales e internacionales impiden financiar adecuadamente este derecho fundamental.
El análisis muestra que existen los recursos para garantizar una educación pública, gratuita e inclusiva, pero es obstaculizada por una arquitectura fiscal injusta, que permite la concentración extrema de la riqueza y la evasión fiscal a gran escala.
A pesar de los compromisos internacionales —como los asumidos en el ODS 4 y la Declaración de Incheon—, la inversión pública en educación ha retrocedido en la región. Frente a esta situación crítica, el documento propone avanzar hacia una agenda de justicia fiscal con enfoque de derechos, basada en cuatro pilares:
- Implementar impuestos progresivos sobre grandes fortunas y corporaciones.
- Eliminar beneficios fiscales regresivos que erosionan la base tributaria.
- Fortalecer las capacidades fiscales nacionales y subnacionales.
- Redistribuir equitativamente la riqueza para garantizar derechos, empezando por el derecho a la educación.
Además, el estudio plantea la necesidad de que la futura Convención Fiscal de las Naciones Unidas reconozca explícitamente la relación entre fiscalidad y derechos humanos, y proponga reglas globales para frenar la evasión, los flujos financieros ilícitos y la competencia fiscal desleal.
El informe estima que el financiamiento necesario para alcanzar la educación básica universal en países de ingreso bajo y medio-bajo asciende a 461.000 millones de dólares anuales, mientras que el mundo pierde 492.000 millones al año por abusos fiscales. Esto confirma que el problema no es la escasez de recursos, sino su injusta distribución.
Descarga el estudio completo aquí.
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