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Nairobi, 10 de noviembre de 2025. — En su primer día, las negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional dejaron una sensación de frustración. Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que, pese a las grandes expectativas, las discusiones avanzan con poca ambición, lo que amenaza con diluir el alcance transformador de este acuerdo.
La jornada estuvo marcada por posiciones conservadoras de varios países que buscan mantener el status quo del sistema fiscal internacional, con apenas algunos ajustes menores. Esto, a pesar de los esfuerzos de naciones del Sur Global por poner sobre la mesa la urgencia de corregir las desigualdades históricas en la forma en que se recaudan y distribuyen los impuestos a nivel mundial.
Apodada por la sociedad civil como la “Convención del billón de dólares”, por la magnitud de los recursos que podrían movilizarse si se logran acuerdos ambiciosos, esta negociación muestra el enorme contraste entre su potencial transformador y la falta de voluntad política que amenaza con frenarlo.
Lo más destacado del primer día
Las delegaciones debatieron algunos puntos del borrador de la Convención. Uno de los temas centrales fue el artículo 4, que aborda la tributación en el país de origen. Las organizaciones civiles señalaron las limitaciones del mismo: el verdadero reto está en redistribuir de manera justa los derechos de imposición, especialmente sobre las empresas multinacionales que operan en distintos países. También se discutió la posibilidad de avanzar hacia una tributación unitaria de las multinacionales, es decir, gravarlas sobre el total de sus ganancias globales y repartir esos ingresos entre los países donde realmente generan valor. La ausencia de un artículo claro que respalde este enfoque fue una de las principales críticas del día.
Otro aspecto preocupante fue el desequilibrio en la representación. Las delegaciones del Norte global y de paraísos fiscales dominan las conversaciones, mientras que la participación de América Latina y el Caribe —regiones profundamente afectadas por la evasión y la elusión fiscal— ha sido casi simbólica. Para la sociedad civil, este desequilibrio pone en riesgo que la Convención se convierta en un instrumento débil, que termine reforzando privilegios en lugar de desmontarlos.
Las principales críticas al borrador actual
Las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos demandan incluir disposiciones fuertes sobre transparencia fiscal, cooperación internacional y protección frente a la erosión de su base tributaria. Sus críticas más destacadas son:
- Falta de un artículo que garantice una tributación equitativa de las multinacionales, mediante un sistema unitario que sustituya el actual régimen de precios de transferencia.
- Ausencia de mecanismos globales de transparencia, como un registro mundial de activos, intercambio automático de información y registros públicos de beneficiarios reales.
- Carencia de compromisos claros sobre progresividad, igualdad de género y sostenibilidad ambiental, pilares esenciales para vincular la tributación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Debilidad en las disposiciones sobre flujos financieros ilícitos y prácticas fiscales perjudiciales, sin sanciones ni obligaciones concretas para los Estados.
Una oportunidad que no puede perderse
En un contexto de crisis global —económica, social, climática y de legitimidad institucional—, esta Convención representa una oportunidad histórica para construir un sistema fiscal verdaderamente democrático.
A diferencia de los espacios cerrados de la OCDE, el proceso en Naciones Unidas ofrece la posibilidad de participación universal de los Estados y podría sentar las bases de un nuevo pacto tributario que redistribuya poder y recursos a escala global.
Sin embargo, el rumbo de las negociaciones en Nairobi dependerá de la capacidad de los países del Sur Global de mantenerse firmes y exigir un texto ambicioso, vinculante y con mecanismos efectivos de implementación, pues se espera que este sea un proceso histórico que siente las bases de un nuevo sistema tributario global más justo y equitativo.
Desde la sociedad civil se advierte: una Convención débil o voluntaria sería una oportunidad perdida para movilizar los billones de dólares necesarios para garantizar derechos, financiar servicios públicos y enfrentar la emergencia climática.
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