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Los movimientos sociales globales y regionales por la justicia fiscal, desde hace más de una década, vienen luchando con propuestas, diálogo y articulación conjunta para poner fin al saqueo fiscal de las corporaciones multinacionales quienes, bajo diversos mecanismos y beneficios jurídicos, socavan la capacidad de nuestros estados para generar las reformas necesarias para el financiamiento de políticas para el logro social y acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda, de una transformación del modelo productivo, de la reducción de las inequidades de género y el financiamiento a los estragos causados al medio ambiente.

Desde el llamado del G20 a avanzar sobre normas que hagan frente a la erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en 2012 y con el lanzamiento del Marco Inclusivo de BEPS (MI BEPS) en 2015, encomendado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se generó con con muchas limitaciones (sobre todo para los países en desarrollo), una batería de herramientas con las que los Estados suscriptores del Acuerdo puedan combatir  la evasión y elusión fiscal y así recuperar los recursos que legítimamente les corresponden y tanto necesitan para el financiamiento de sus políticas públicas. Sin embargo, como están diseñadas, no terminan por resolver el problema central frente al fraude fiscal.

Se da, entonces, un complejo proceso de abordaje sobre las normas para hacer tributar a las empresas de la economía digital bajo los denominados Pilar 1 y 2 del MI BEPS (también conocidos como Blueprints de estos pilares), que se reinició en el 2019 con el desarrollo de un acuerdo para el establecimiento de un impuesto mínimo global. Durante la reunión de los ministros de Finanzas del G7 de junio de este año, se decide establecer un piso del 15% que marcaría, en teoría, el inicio del fin de la carrera a la baja impositiva entre países. Esta propuesta, que además fue contemplada como base bajo la nueva Declaración del MI BEPS, ha sido endosada por 131 de los 139 países que se sumaron a la propuesta.

El G7 y la OCDE han avanzado sobre una propuesta que terminará siendo injusta para los países en desarrollo, pues no aborda los problemas estructurales que están detrás de las inequidades generadas por el gran poder corporativo transnacional. Como han señalado ya varias organizaciones: “es un acuerdo que solo termina beneficiando en mayor medida a un pequeño grupo de países”.

La conclusión de esta propuesta, tal como ha sido establecida, nos deja un mensaje: los países en desarrollo, continúan al margen de las decisiones globales. Esta decisión reafirma los antecedentes de dominación de las posturas de los países más ricos aun cuando, en teoría, el proceso debería ser justo e inclusivo en términos de recuperación de los beneficios generados por las corporaciones y participación efectiva de estos países en las nuevas reglas globales.

El compromiso unilateral del G7 con estas propuestas ha sido recibido con severas críticas por parte de otras organizaciones de justicia fiscal, incluidas: Tax Justice Network, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, Eurodad y Oxfam, entre otros.

Dado que es nuestra misión representar los intereses de nuestros ciudadanos, no podemos permitir que el G20 apruebe una agenda que perpetúa la inequidad ya que servirá, principalmente, a los intereses de los países más ricos, a expensas del Sur global.

En ese marco:

  • Hacemos eco de las posturas expresadas por las diversas redes y movimientos globales, afirmando que este acuerdo no tiene nada de “histórico” y que ha sido hecho principalmente para beneficiar mayoritariamente a un grupo de países que tienen el control de la economía global. Un acuerdo hecho por países ricos, para beneficiar a los países ricos.
  • En consecuencia, en representación del Sur global y, más específicamente, de América Latina y el Caribe vemos con mucha preocupación la propuesta inicial del G7 y abordada también dentro del MI BEPS y demandamos un proceso que permita la construcción de una reforma fiscal internacional verdaderamente inclusiva, justa y democrática, donde se tengan en cuenta los intereses y contextos de nuestra región.
  • Requerimos reformas fiscales más ambiciosas y transformadoras necesarias para un acuerdo equilibrado que responda plenamente a las preocupaciones de los países en desarrollo, especialmente en el contexto de los desafíos socioeconómicos que plantea la pandemia de la COVID-19.
  • Para que el proceso de reforma tributaria global sea inclusivo, democrático, justo y transparente, ni el G7, ni el G20, ni la OCDE son plataformas en las que los intereses de las naciones en desarrollo puedan estar representados en pie de igualdad.

Finalmente, hacemos un llamado a los no miembros del G7, del G20 del Sur Global, y especialmente a los países de América Latina y el Caribe, para que apoyen el llamado a un proceso que permita la construcción de una reforma fiscal internacional verdaderamente inclusiva, justa y democrática, donde se tengan en cuenta los intereses de nuestra región y los países del sur global.

Declaración respaldada por:

La Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe – RJFALC

La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – LATINDADD

*La imagen de portada es una composición de Wayka.pe

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