Declaración de Principios
Red de Justicia Fiscal América Latina y el Caribe

Diciembre, 2012.
(Revisada 2018)

Considerando que:

Un sistema fiscal justo está en la base de una sociedad socialmente inclusiva y democrática. Es una herramienta esencial para combatir la desigualdad, posibilitar el desarrollo y promover el crecimiento equitativo y sustentable. Los impuestos deben ser el principal instrumento de los gobiernos para obtener recursos necesarios para financiar servicios y políticas públicas de calidad, tales como escuelas, hospitales, infraestructura y sistemas de bienestar mediante programas de inclusión social, así como también para combatir la pobreza y promover la equidad.  Los impuestos promueven una fuerte relación estado-ciudadanía en la que el gobierno está al servicio del pueblo y las políticas públicas orientadas a honrar los derechos económicos, sociales y culturales. En este marco, la sociedad civil juega un rol preponderante para garantizar que estas premisas se hagan efectivas, promoviendo políticas inclusivas y que éstas se desarrollen con los mayores niveles de transparencia.

Los procesos de integración económica y política en curso y la consolidación de la interdependencia, hacen que el debate sobre la política fiscal adquiera una dimensión regional y global. 

La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, espacio que agrupa a instituciones, organizaciones y movimientos sociales de la región; está comprometida en trabajar en pos de la región y un mundo donde los impuestos cumplan con estas funciones, y donde los sistemas tributarios sean transparentes para rendir cuentas y proporcionar confianza, sean simples de entender e implementar,  sean justos, capaces de brindar oportunidades a los más necesitados y dirigidos a atender los derechos fundamentales de la sociedad.

La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe cree en los siguientes principios:

1. Sistemas fiscales justos

Justicia fiscal implica recaudar recursos públicos de manera justa y equitativa, basada en la capacidad contributiva. La estructura tributaria debe estar basada principalmente en impuestos a la renta y no al consumo, y la premisa tiene que ser “que pague más el que tiene más”. Requiere también que las políticas de gasto público prioricen y aseguren los derechos de los sectores populares, excluidos y vulnerables.

• Los gobiernos deben perseguir sistemas tributarios progresivos capaces de financiar el desarrollo para atender los derechos fundamentales de las personas, desafiando y reduciendo la desigualdad social.  Es necesario garantizar que no exista un trato diferenciado a la tasación de las rentas por cuenta de su origen; se debe eliminar por ejemplo el trato privilegiado con el que cuentan las rentas de capital que cuentan una serie de exenciones o tratamientos especiales para colocaciones financieras, intereses de títulos públicos, beneficios de fondos de inversión, ganancias de capital en bienes inmuebles y acciones, entre otros.
• A través de las políticas fiscales, los gobiernos deben promover la sostenibilidad y la justicia  económica, y mitigar los efectos perjudiciales de las actividades económicas en la sociedad y el medioambiente. Políticas de desarrollo sustentables y en armonía con el medioambiente no deben basarse en la explotación indiscriminada de recursos naturales, ni del trabajo humano..
• Los ciudadanos y ciudadanas, por su parte,  deben comprometerse no solamente a pagar impuestos, sino también a movilizar esfuerzos para construir sistemas fiscales justos, haciendo que los gobiernos rindan cuentas por cómo gastan los recursos.

2. Prácticas tributarias responsables

Pagar impuestos es el primer principio de la responsabilidad ciudadana y lo que nos permite exigir el efectivo ejercicio de nuestros derechos. Cuando una empresa o persona evade o elude impuestos en cualquier país, esto socava la habilidad del estado para cumplir con su responsabilidad de garantizar los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos.

Los gobiernos deben establecer reglas tributarias claras para facilitar el cumplimiento y proporcionar igualdad de oportunidades y trato para todos y todas; deben hacer cumplir  estas reglas de manera limpia, razonable y comprensiva. Para esto, los gobiernos deben profesionalizar y fortalecer las administraciones tributarias, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas, la eficacia de los controles y el combate a la evasión. 

• Los incentivos tributarios deben ser la excepción y no la norma y deben ser objeto de control social y evaluación regular sobre los beneficios reales para la sociedad.
• Los ciudadanos y las empresas, por su parte, no deben explotar las debilidades de la legislación tributaria y no deben utilizar las leyes de una jurisdicción o país para su propio beneficio, socavando  así la recaudación tributaria de otro.
• La evasión fraudulenta de impuestos debe ser considerada como un crimen contra el Estado y la sociedad, debiendo ser colocada en la esfera criminal y  tipificado en la norma penal respectiva. En este sentido, los gobiernos deben trabajar para modificar las leyes que dificultan o impiden que los crímenes tributarios sean colocados en la esfera criminal, independientemente que los tributos sean pagados.

3. Transparencia y rendición de cuentas

La gran cantidad de flujos que se movilizan hacia refugios  fiscales y a través de ellos, socava en gran medida la capacidad de los países, desarrollados y en desarrollo, para recaudar impuestos. Si no abordamos los temas que contribuyen a la opacidad financiera como el secreto financiero empresarial y bancario, uno de los principales generadores de la evasión tributaria y el surgimiento de prácticas de corrupción, esta injusticia continuará.

• Los ciudadanos y ciudadanas deben ser capaces de acceder a la información que les permite evaluar el aporte efectivo que todos los contribuyentes hacen a la sociedad, incluyendo a las finanzas públicas.
• Las autoridades tributarias deben ser capaces de acceder a toda la información que necesitan para evaluar efectivamente a todos los contribuyentes. Las empresas nacionales y multinacionales deben transparentar completamente sus operaciones. Para esto es necesario exigir informes financieros desglosados país por país a fin de desincentivar y poner en evidencia prácticas fraudulentas.
• La legislación nacional e internacional debe tener mecanismos para hacer cumplir la disponibilidad de información desde y hacia los países y jurisdicciones necesarias para prevenir los flujos de capitales ilícitos, la evasión tributaria y el lavado de dinero. Para esto es necesario que el intercambio automático de información tributaria sea la norma. 
• Los refugios fiscales permiten ocultar recursos que no pagan impuestos en su país de origen. Se debe poner fin a los refugios fiscales.

4. Reglas tributarias y financieras internacionales justas

Actualmente, no todos los países e intereses están representados donde los estándares internacionales se desarrollan y donde tienen lugar las negociaciones. 

• Las negociaciones internacionales, empresariales y gubernamentales, deben asegurar que todos los intereses sean considerados y consultados.  Para esto también la sociedad civil juega un rol preponderante para verificar que esto se cumpla.
• Los cambios en los estándares tributarios internacionales deben proteger la habilidad de los países en desarrollo para recaudar impuestos.
• Las políticas tributarias deben ser determinadas por autoridades elegidas democráticamente y capaces de rendir cuentas por sus decisiones. Las autoridades públicas deben tener la libertad de diseñar y desarrollar sus propias soluciones tributarias que les permitan hacer cumplir los derechos en sus sociedades, sin afectar la capacidad de los demás de hacer lo mismo.

• Las políticas de regulación financiera deben ser instrumentos utilizados por los países en desarrollo a fin de disminuir los impactos de contagio de las crisis internacionales. Entre estos mecanismos se incluyen las medidas de control de capitales y el impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto debe estar al servicio del financiamiento al desarrollo, la adaptación y mitigación al cambio climático y que debe estar regulado por Naciones Unidas.
• La arquitectura financiera y comercial debe estar al servicio del desarrollo sustentable y equitativo. La firma acuerdos bilaterales de inversión y tratados de libre comercio vigentes, socavan, limitan y condicionan los esfuerzos nacionales por alcanzar sistemas fiscales soberanos, justos, progresivos y equitativos; en ese sentido nuestra meta es erradicarlos. En ese marco donde debemos poner nuestros esfuerzos para incorporar en la base del comercio entre nuestros países principios básicos de solidaridad, integración social y bienestar común, a fin de erradicar definitivamente la especulación y ansias desmedidas de lucrar con el bienestar de la población que son la base de los acuerdos vigentes

1er edición, Lima 2012
1era revisión, Nuestra América 2018