El fraude fiscal internacional que permiten los países ricos afecta a los países más pobres. Mientras que los países de rentas más altas pierden un 9,7% del conjunto de sus presupuestos de salud pública, las pérdidas en ingresos fiscales de los países de rentas más bajas son el equivalente a casi 48% de sus presupuestos de salud pública – y, a diferencia de los países miembros de la OCDE, tienen poca o ninguna influencia en las normas internacionales que continúan autorizando estos fraudes.
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