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El nuevo compromiso entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) profundiza la apuesta del Gobierno por la consolidación fiscal. El programa establece como meta alcanzar un superávit primario de 3,7% del PIB en 2027, es decir, que los ingresos del Estado superen sus gastos. Para alcanzar esta meta, el Gobierno deberá mantener “políticas de gasto prudentes” y avanzar con nuevas reformas fiscales y administrativas.
Este proceso incluye una reforma del sistema de pensiones prevista para el próximo año, cambios en el servicio civil y medidas para fortalecer la administración de los ingresos públicos y la regulación financiera. El objetivo del programa es reducir la deuda pública hasta 80% del PIB en 2030, pero las medidas necesarias para alcanzar esa meta vuelven a abrir el debate sobre el alcance del ajuste fiscal y sus efectos sobre el gasto público y la protección social.
El FMI alcanzó un acuerdo técnico con el Gobierno para completar la segunda y tercera revisión del programa bajo el Servicio Ampliado, lo que abre la puerta a un desembolso de unos 140 millones de dólares. El monto no será entregado de forma automática, ya que el acuerdo todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo y está sujeto al cumplimiento de las medidas pactadas con las autoridades salvadoreñas.
Estas condiciones vuelven a colocar la política de austeridad en el centro del debate fiscal salvadoreño, en particular por el impacto que pueden tener las medidas sobre el gasto público y la protección social.
Antecedentes de los efectos del ajuste
El nuevo acuerdo recupera un debate que la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) ya había planteado en 2022, durante las negociaciones anteriores entre el Gobierno salvadoreño y el FMI. La organización señaló que varias de las medidas recomendadas por el Fondo ya tenían aplicación en el país y, en algunos casos, con una magnitud superior a la propuesta por el organismo.
También advirtió que los programas de ajuste pueden afectar de forma diferenciada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres, los hogares en pobreza y quienes enfrentan inseguridad alimentaria.
Uno de los casos estudiados por Fudecen fue la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES. El FMI había planteado una reducción equivalente a 0,5% del PIB. Sin embargo, Fudecen calculó que el recorte aplicado en 2021 alcanzó 279,5 millones de dólares, cerca de 1% del PIB y aproximadamente el doble de lo recomendado.
La organización estimó que esta medida podía aumentar en 229,903 personas la población en pobreza extrema. De ese grupo, 119,515 serían mujeres. El efecto sobre la pobreza relativa también fue significativo. Fudecen calculó un aumento de 400, 658 personas en esta condición, de las cuales 208,310 serían mujeres.
Cuestionamientos a los acuerdos con el FMI
Óscar Cabrera, presidente de Fudecen y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador entre 2014 y 2019, cuestiona la magnitud del esfuerzo fiscal que exige el nuevo acuerdo.
Cabrera señala que la meta del superávit primario es algo jamás logrado. El FMI prevé pasar de 2,9% del PIB en 2026 a 3,7% en 2027 para llevar la deuda al 80% del PIB en 2030. Sin embargo, el mayor superávit primario con pensiones de la historia salvadoreña fue de 2% en 2022, mientras que entre 2019 y 2025 el promedio fue prácticamente cero.
El economista también cuestiona la proyección de crecimiento de 4,5% para 2026. Según su análisis, los datos del segundo trimestre muestran una desaceleración del consumo privado y de la inversión. El consumo pasó de crecer 3,7% a 1,5%, mientras que la inversión pasó de 13,8% a 3%. A esto se suman la sequía en el sector agrícola y un déficit comercial récord.
Con este escenario, Cabrera proyecta un crecimiento cercano a 2,2% para el cierre del año. A su juicio, un menor crecimiento elevaría el esfuerzo fiscal necesario para cumplir las metas del programa.
El expresidente del Banco Central también cuestiona el momento escogido para aplicar el ajuste. En una economía dolarizada, sostiene, una reducción del gasto durante una desaceleración puede reducir todavía más el crecimiento y dificultar la reducción de la deuda.
“El ajuste que propone [el FMI] pondrá en riesgo el bienestar social de los salvadoreños”, afirma Cabrera.
El ajuste no debe recaer en el gasto público
Para Cabrera, el problema no está solo en cuánto debe reducir el Estado, sino en dónde recaerá ese esfuerzo. Cuestiona que el programa se apoye en “políticas de gasto prudentes” sin incorporar con la misma fuerza alternativas tributarias dirigidas a quienes tienen mayor capacidad económica.
“El ajuste caerá sobre el gasto público en un país con 10% de desnutrición crónica infantil. La alternativa existe y está documentada. Un impuesto al patrimonio sobre apenas 110 fortunas mayores a US$5 millones recaudaría 1.3%-4.6% del PIB anual, suficiente para toda la brecha fiscal sin tocar un servicio social”, sostiene.
La propuesta coincide con el planteamiento que Fudecen formuló en su estudio de 2022, donde defendió una estructura tributaria más progresiva y planteó un impuesto a las grandes riquezas como parte de una estrategia para reducir las desigualdades.
El desembolso del FMI compromete al país con una senda de consolidación fiscal que incluye reformas con posibles efectos sobre las pensiones, el empleo público y el gasto estatal.
La discusión sobre los acuerdos con el FMI y sus desembolsos no se limita, por tanto, al monto de 140 millones de dólares. Es importante analizar quién asumirá el costo de las medidas necesarias para cumplir las mencionadas metas fiscales.
Para Fudecen, una política fiscal sostenible debe incorporar progresividad tributaria, protección social, transparencia, rendición de cuentas y garantía de derechos. Su propuesta incluye fortalecer la recaudación de quienes tienen mayor capacidad de pago, reducir gastos improductivos y proteger el gasto social.
Cabrera resume el riesgo que observa en el nuevo programa con una advertencia directa. “Ningún programa es sostenible si sus metas fiscales se construyen sobre un crecimiento que las propias políticas del programa hacen inalcanzable. El bienestar social de millones de salvadoreños no puede ser la variable de ajuste”.
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