La tercera sesión de negociaciones para la Convención Fiscal de la ONU, realizada en Nairobi entre el 10 y el 19 de noviembre, marcó un nuevo capítulo en el esfuerzo global por poner fin a un sistema fiscal internacional profundamente desigual. Esta Convención, impulsada por países del Sur Global y que fue aprobada en 2023, busca corregir décadas de un orden tributario dominado por los países más ricos.
Durante 10 días, los representantes de los Estados parte negociaron aspectos centrales del borrador de la Convención, abarcando temas como derechos de imposición, fiscalidad de grandes multinacionales, flujos financieros ilícitos, transparencia, intercambio automático de información, tributación de grandes patrimonios y mecanismos de resolución de disputas.
En este proceso, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) participó activamente como parte de la sociedad civil de la región, reafirmando que ningún acuerdo tendrá legitimidad si no coloca en el centro los derechos humanos, el género y la crisis climática.
La primera semana estuvo centrada en discutir los artículos vinculados a transparencia, intercambio de información, prevención de flujos financieros ilícitos y principios generales de cooperación fiscal. Sin embargo, desde el inicio la sociedad civil pudo advertir señales preocupantes: un borrador limitado, con escasa ambición y sin propuestas multilaterales claras.

En sus intervenciones, las organizaciones, entre ellas la RJFALC, insistieron en que la Convención debe romper con la lógica del “status quo” que ha permitido que más de 492 mil millones de dólares se pierdan cada año por flujos financieros ilícitos, una cifra que golpea de manera desproporcionada a los países del Sur.
Durante la segunda semana, las negociaciones avanzaron sobre mecanismos de implementación y posibles instrumentos adicionales. Allí emergió un riesgo clave: la fragmentación del tratado en diferentes protocolos temáticos, una preocupación compartida ampliamente por la sociedad civil internacional. Esto podría debilitar la Convención, diluir compromisos y permitir que los países más poderosos evadan responsabilidades concretas.

América Latina ante un sistema fiscal que ya no resiste
Durante la sesión, tres representantes de la RJFALC tuvieron intervenciones contundentes, llevando a la ONU las demandas de la región.
Luis Moreno, director de Fiscalidad Internacional de Latindadd y miembro de la RJF LAC, advirtió que el sistema sobre el cual se sostiene hoy la arquitectura tributaria global “ha quedado obsoleto para enfrentar los desafíos que viven y vivirán nuestros países” y recordó que el mundo pierde más de 492 mil millones de dólares anualmente debido a las fallas del sistema. Su intervención subrayó que el borrador actual no ofrece herramientas multilaterales reales para enfrentar esta crisis y propuso avanzar en tres pilares técnicos imprescindibles: una tributación unitaria con fórmula de reparto, un Registro Global de Activos y la publicación obligatoria de Reportes País por País y de beneficiarios finales. “Dependerá de ustedes mantener el status quo o reescribir sus líneas para sentar las bases de un sistema tributario internacional justo, equitativo y sostenible”, interpeló Moreno a los delegados de Estado.
Por su parte, Nathalie Beghin, copresidenta de Latindadd y miembro del consejo directivo de la RJF LAC, puso sobre la mesa la urgencia de generar mecanismos efectivos para gravar a los ultra-ricos y grandes patrimonios. Recordó que mientras el 1% más rico controla el 45% de la riqueza global, el borrador no incorpora soluciones multilaterales concretas para enfrentar el abuso fiscal de grandes fortunas ni para cerrar las brechas de financiamiento que afectan derechos humanos, políticas sociales y acción climática. Beghin conectó además el debate fiscal con el contexto de COP30: si los países exigen más financiamiento climático, la Convención Fiscal “tiene el potencial de definir cómo se puede movilizar ese financiamiento a través de la cooperación fiscal internacional”.
Jorge Coronado, coordinador de Grupo de Trabajo Integración Regional de Latindadd, centró su intervención en un punto crítico del debate: el riesgo de introducir mecanismos de arbitraje en la Convención. Señaló que “el arbitraje significa pérdida de soberanía nacional” y que su historial en América Latina muestra “altísimos costos económicos, falta de transparencia y decisiones que favorecen a la parte más fuerte de la disputa”.
Recordó que muchos de los conflictos tributarios actuales surgen porque se ha construido una arquitectura fiscal internacional excluyente que favorece al poder corporativo y a las economías ricas en detrimento del Sur Global. Coronado concluyó que la Convención debe servir para fortalecer el multilateralismo, no para reproducir mecanismos que amplían la desigualdad.
La importancia de incluir el género, clima y justicia social
Además de las intervenciones en sala, otras voces de la RJFALC reforzaron la dimensión política, climática y de género del debate fiscal. Isabela Callegari, de la Red de Género y Comercio, subrayó que estas negociaciones ocurren al mismo tiempo que la COP30 en Brasil, recordando que las agendas fiscal y climática deben caminar juntas. “Los temas tributarios aún se consideran técnicos y apolíticos (…) Los países del Norte se benefician de esta supuesta ‘técnica’, pero en realidad mantienen el sistema tal como está”, señalo Callegari.
También presente, Teresa Ruas, del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), describió esta sesión como un “momento histórico porque finalmente los países del Sur Global están sentados a la mesa”, pero alertó sobre la falta de ambición y el riesgo de fragmentación. “Hay recursos para financiar derechos y clima, pero están mal distribuidos y mal tributados”, manifestó.
La próxima y decisiva cuarta sesión de negociaciones tendrá lugar en Nueva York, en febrero de 2026, y será allí donde los Estados deberán decidir si esta Convención se convierte en un instrumento transformador o en un texto que mantiene el status quo.
La sociedad civil lleva un mensaje claro para el próximo tramo del proceso: la justicia fiscal es condición indispensable para la justicia económica, climática y social. Una Convención débil perpetuaría la desigualdad; una Convención fuerte puede cambiar el rumbo.









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