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El recientemente nombrado por Javier Milei como cabeza de la Dirección General Impositiva, Andrés Edgardo Vázquez, está implicado en un entramado de empresas offshore y uso de paraísos fiscales para la compra de tres departamentos en Estados Unidos, por un valor de casi US$ 2 millones, propiedades que no declaró al fisco de su país.
En un giro irónico que debe sacudir la administración pública tributaria argentina, Andrés Edgardo Vázquez ha sido sindicado de poseer varias propiedades en Estados Unidos por un valor de hasta 2 millones de dólares. Vásquez, quien ocupa el cargo de jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) habría cometido el delito, de acuerdo a la legislación argentina, de “evasión agravada”.
Para Adrian Falco, coordinador del área de Justicia Fiscal de Latindadd y secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, esta falta no puede pasarse por alto y requiere toda la atención judicial y mediática para llegar hasta el verdadero origen, tanto de los fondos con que se adquirieron las viviendas, como hasta revelar a todos los implicados. “Es trágico cuando quien rompe las reglas es aquel que tiene la obligación de respetarlas. Vázquez es quien debía perseguir a los evasores y resultó ser uno más”, lamentó.
Falco detalló que este destape no solo evidencia una violación a la norma tributaria argentina, sino que revela una vez más cómo las guaridas fiscales sirven para facilitar el ocultamiento de propiedades y de grandes sumas de dinero de la supervisión estatal, a fin de evadir el pago de impuestos. “El mensaje para la lucha contra la evasión fiscal es nefasto. Esto sirve de sostén para los discursos anti Estado, anti regulación. Realmente la justicia argentina debería ser ejemplificadora con sujetos como Vázquez. Un funcionario público con 35 años de carrera genera recursos para comprar departamentos por más de 2 millones de dólares en Estados Unidos. Hay que determinar si el dinero utilizado es de su propiedad y cómo lo adquirió. O si sirvió de testaferro o prestanombre, porque evidentemente no tiene la capacidad de ahorro que le permita ese tipo de operaciones.”, comentó Falco.
LA RUTA DEL FRAUDE FISCAL
Como ha informado el medio colaborativo Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el funcionario elegido por el presidente argentino Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal, compró, por medio de sociedades offshore, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. De acuerdo a la legislación de dicho país, esto configura como evasión agravada porque el monto evadido es mayor al equivalente a 4 mil dólares, y contó con la intervención de más personas. Si bien no está calculado el monto de la evasión fiscal, se trata de una compra de inmuebles por un valor de aproximadamente 2 millones de dólares.
¿Es posible evitar el uso de territorios de alta opacidad financiera? La clave está en la transparencia tributaria y en el intercambio de información. El caso de Vásquez da cuenta de cómo la justicia por acción u omisión dilató un proceso que estaba en marcha: Vázquez venía siendo investigado, antes de su actual rol, por un incremento en su patrimonio. La justicia argentina pidió información a Luxemburgo y Curazao (guaridas fiscales), pero nunca respondieron los pedidos. Esto llevó a que el juez determine que no había pruebas para procesarlo y lo absolvieron. “Con un sistema abierto y automático de intercambio de información sobre activos no tendríamos casos como este y los gobiernos sabrían con exactitud quiénes de sus residentes son dueños de qué activo y en qué lugar del mundo”, detalló el secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Otra de las medidas que los gobiernos a nivel global pueden aplicar para frenar o eliminar el secretismo que ofrecen las guaridas fiscales consiste en multar y perseguir a quienes tengan negocios con base o vinculación con jurisdicciones opacas. “Cerrar los paraísos fiscales implica desmantelarlos mediante intercambios de información automáticos y obligatorios, crear registros de beneficiarios finales, registros globales de activos. Hay todo un mecanismo de ocultamiento de información de la que se valen los Vázquez y otros para estafar a los países. Nadie va preso por evasión en Argentina porque quienes tienen que velar por perseguir y sancionar estos delitos son los mismos que los ejecutan”, precisó Falco.
Ilustración de portada tomada del portal EL CLIP
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