La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución del derecho a la educación. Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de las políticas de austeridad.
En este contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) profundizan su alianza estratégica para generar respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas.