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Nairobi, 17 de noviembre. La segunda semana de negociaciones de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional comenzó centrada en la prevención y resolución de disputas tributarias. Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos participantes lanzaron una advertencia: avanzar con este protocolo ahora es prematuro y puede comprometer la coherencia de toda la Convención.
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que esta semana los esfuerzos deben enfocarse en asegurar una Convención sólida, capaz de transformar el sistema fiscal internacional. Sin embargo, los Estados miembros han concentrado el debate en los protocolos.
Protocolos prematuros y riesgo de fragmentación
La decisión de trabajar en dos protocolos iniciales ya abrió tres líneas de negociación distintas. Esto separa temas que deberían tratarse juntos, como la tributación de las multinacionales y el intercambio de información, y complica la coordinación entre los participantes.
Las sesiones abordarán ajustes al Mecanismo de Asistencia Mutua Administrativa (MAP), la opción de que los países elijan qué mecanismos aplicar y herramientas preventivas como los Acuerdos de Precios Anticipados (APA).
Para la sociedad civil, estas discusiones no deberían ser la prioridad, pues primero se debería reformar el sistema para prevenir disputas, en lugar de gastar recursos en gestionar conflictos derivados de normas defectuosas.
Lo que se busca en estas sesiones
Para los representantes de la sociedad civil que trabaja sobre temas de justicia fiscal, la mayoría de disputas fiscales surgen de las reglas de precios de transferencia y de normas como el principio de plena competencia, reglas de juego que ya no funcionan y generan la mayor parte de los conflictos. Por lo que propone sustituirlas por un sistema unitario con reparto de fórmulas, acompañado de una tasa mínima corporativa efectiva.
Lo que se busca es poner en marcha un sistema unitario que fiscalice a la multinacional como una sola empresa global. Primero se calcula la ganancia total del grupo en todo el mundo, y luego se reparte entre los países donde opera según una fórmula basada en ventas, empleados o activos. Esto permite gravar los beneficios globales en lugar de cada filial por separado.
Además, se insiste en que la transparencia es clave para frenar la elusión fiscal. Por eso, la sociedad civil propone crear un Registro Global de Activos, un listado internacional de bienes y recursos de empresas y personas en distintos países, que permita a los gobiernos conocer los activos en el extranjero y reducir la evasión.
También se exige la aplicación del Informe Público País por País, un reporte que muestra cuánto ganan las multinacionales, cuánto pagan de impuestos y cuántos empleados tienen en cada país, con el objetivo de que la información sea accesible para todos los Estados.
Cuestionamientos planteados
Las sociedad civil cuestiona varios mecanismos que se debaten actualmente:
- Arbitraje mandatorio: Considerado inaceptable, por las experiencias negativas del arbitraje inversionista-Estado (ISDS).
- Opcionalidad (opt-in/opt-out): Podría permitir a los países elegir solo las reglas que les convienen, debilitando el marco común.
- APAs: Aunque se presentan como preventivas, casos como LuxLeaks muestran que pueden ser acuerdos opacos que favorecen la elusión.
Delegaciones como Irlanda, China y Zambia insistieron en mantener un amplio menú de mecanismos y permitir sistemas de opt-in/opt-out, con el argumento de que la flexibilidad facilitaría la participación universal. Sin embargo, esta preferencia por avanzar en el diseño de mecanismos contrasta con el llamado de las organizaciones sociales a frenar la discusión hasta que exista una arquitectura fiscal coherente y preventiva.
Estados como España, Francia, Irlanda y Bélgica advirtieron que el protocolo no debe interferir con legislación interna o acuerdos bilaterales existentes, lo que podría debilitar la capacidad de la Convención para corregir el entramado de tratados fiscales que hoy perpetúan inequidades.
Las organizaciones de la sociedad civil recuerdan que existen más de 3000 tratados fiscales bilaterales que reflejan un sistema obsoleto. El artículo 12 del borrador establece que cada país debe revisar, renegociar o eliminar los acuerdos incompatibles con la Convención. Sin este paso, advierten, las reformas de fondo serán imposibles.
Para la sociedad civil, lo que suceda esta semana definirá si la Convención puede convertirse en un verdadero instrumento multilateral capaz de superar las fallas del sistema actual. Por ello, llaman a los delegados a mostrar voluntad política y avanzar hacia un acuerdo ambicioso, coherente y transformador.
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