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Nueva York, 2 de febrero de 2026.- Este lunes comenzó en Nueva York, Estados Unidos, la cuarta sesión de negociaciones para la Convención Fiscal de las Naciones Unidas. En la antesala de este proceso, el domingo 1 de febrero, organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del mundo se reunieron en la ciudad para coordinar posiciones y articular su incidencia de cara a esta nueva ronda de negociaciones.
Durante la reunión de coordinación, las organizaciones compartieron preocupaciones comunes sobre el rumbo que está tomando el proceso. En particular, alertaron sobre el riesgo de que la Convención se diluya en formulaciones vagas o se fragmente en distintos protocolos, lo que podría debilitar su impacto y su capacidad transformadora.
Las negociaciones se extenderán durante las próximas dos semanas y serán clave para definir el contenido del futuro marco fiscal global. En esta ronda participarán como representantes de la sociedad civil de la región Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) y coordinador del área de Justicia Fiscal de Latindadd; Nathalie Beghin, copresidenta de Latindadd y miembro del Consejo de Coordinación de la RJFALC; y Luis Moreno, director de Fiscalidad Internacional de Latindadd y chair de la Global Alliance for Tax Justice (GATJ).
Temas en disputa
Para la sociedad civil, el proceso responde a un problema central: la distribución profundamente desigual de los derechos de tributación a nivel global. Las reglas actuales permiten que las grandes empresas multinacionales trasladen ganancias y erosionen las bases tributarias de los países donde realmente operan.
Esta situación limita la capacidad de los Estados, en particular en el Sur Global, para financiar políticas públicas, reducir desigualdades y garantizar derechos. A ello se suma la creciente concentración de la riqueza a nivel mundial y el fracaso de los sistemas fiscales para gravar adecuadamente a las grandes fortunas.
Un punto crítico es el papel de la OCDE, organismo que durante medio siglo ha liderado las reglas fiscales globales sin incluir a los países en desarrollo. Esto permitió la creación de un sistema que favorece a los países de ingresos altos, basado en más de 3000 acuerdos bilaterales que dificultan una verdadera transparencia.
En este contexto, la sociedad civil advierte sobre los intentos de ciertos sectores por subordinar la Convención de la ONU a las directrices de la OCDE, permitiendo que esta última siga decidiendo sobre impuestos corporativos e intercambio de información. Las organizaciones buscan evitar que la nueva Convención se convierta en un mecanismo que simplemente refuerce el sistema excluyente actual.
La Convención Fiscal de la ONU representa una oportunidad histórica para reconfigurar la gobernanza tributaria internacional sobre bases más justas, inclusivas y democráticas. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil advierten que esta oportunidad puede perderse si el proceso deriva en un texto sin ambición ni obligaciones efectivas para los Estados.
Lo que está en juego
La cuarta sesión se desarrollará del 2 al 13 de febrero. Durante la primera semana, los Estados discutirán las disposiciones del borrador actualizado de la Convención Marco. En la segunda semana se abordarán los dos protocolos previstos.
El Protocolo 1 está centrado en la tributación de los ingresos derivados de la prestación de servicios transfronterizos en una economía cada vez más digitalizada. El Protocolo 2 aborda la prevención y resolución de controversias fiscales.
Estos debates serán determinantes para definir el nivel de ambición del futuro acuerdo y su capacidad real de corregir las asimetrías del sistema fiscal internacional.
Desde la sociedad civil se insistirá en que la Convención funcione como una ley marco global en materia tributaria, y así evitar que se subordine a acuerdos no inclusivos o reproduzca esquemas que han beneficiado de manera desproporcionada a un número reducido de países.
El inicio de esta cuarta sesión marca un momento decisivo. Para la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y las organizaciones aliadas, el desafío es sentar las bases de un sistema tributario global más justo. La sociedad civil estará presente en Nueva York para seguir de cerca el proceso, aportar propuestas y defender una Convención Fiscal de la ONU a la altura de esta responsabilidad histórica.
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