La Unión Europea (UE) evalúa una nueva vía para gravar a las grandes corporaciones, incluidas las multinacionales tecnológicas como Apple, Google y Meta. Según informó el Financial Times, la Comisión Europea estudia ampliar una propuesta de contribución empresarial para recaudar ingresos destinados a financiar las prioridades del bloque, que incluiría —sin establecer directamente— un impuesto dirigido a las empresas digitales estadounidenses.
La iniciativa tomaría como referencia el proyecto Corporate Resource for Europe (CORE), que contemplaba una contribución anual fija para las empresas con ingresos superiores a 100 millones de euros. En su diseño original, los pagos oscilarían entre 100 mil y 750 mil euros al año. Sin embargo, ante las críticas de varios Estados miembros y las tensiones comerciales con Estados Unidos, Bruselas estudia modificar la propuesta para concentrarla en las corporaciones de mayor tamaño.
La medida todavía se encuentra en una fase preliminar y no cuenta con un diseño definitivo. El debate ocurre en un contexto de presiones comerciales del presidente Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 100 % a los países que apliquen impuestos a los servicios digitales de empresas estadounidenses.
Este escenario vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para la justicia fiscal: ¿cómo garantizar que las grandes multinacionales contribuyan de manera justa donde generan ingresos y valor económico?
Un pago que no refleja la capacidad económica
Para Klelia Guerrero, especialista en Fiscalidad, Género y Clima del área de Justicia Fiscal de Latindadd, la propuesta presenta una limitación de fondo, pues no grava las ganancias empresariales, sino que establece una contribución fija.
“Lo que Bruselas discute no es un impuesto a las ganancias de las grandes tecnológicas. Es un pago fijo con un techo de 750 mil euros al año”, indica. Es decir, una empresa que vende 750 millones de euros y otra que vende 75 mil millones pagarían lo mismo. “Tampoco prevé mecanismos para que este costo no se traslade al consumidor”, advierte.
Esta fórmula plantea interrogantes sobre la progresividad del sistema tributario. Al desvincular el pago de la facturación y las ganancias, la contribución no refleja las diferencias en la capacidad económica de las empresas.
Hay un antecedente que refuerza estas preocupaciones. En 2025, la Comisión Europea descartó concretar un impuesto digital propio en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y después de que Canadá anunciara la derogación de su impuesto a los servicios digitales. Para Guerrero, la discusión actual muestra cómo las amenazas comerciales pueden condicionar las decisiones tributarias, incluso en economías con un peso político y económico considerable como el de la Unión Europea.
América Latina y el Caribe frente a las presiones comerciales
Si uno de los bloques económicos más poderosos del mundo enfrenta dificultades para impulsar una política tributaria ante las amenazas de represalias, los países de América Latina y el Caribe, con menor capacidad individual de negociación, se encuentran en una posición aún más vulnerable.
“Si la política tributaria de la Unión Europea se está escribiendo bajo amenaza arancelaria, ningún país latinoamericano podrá resistir esa presión por su cuenta”, sostiene Guerrero. Por ello, plantea la necesidad de coordinar posiciones regionales y defender reglas que reconozcan los derechos de imposición de los países donde se encuentran los usuarios y se genera valor económico.
Esta discusión también exige revisar cómo se distribuyen los derechos tributarios sobre las ganancias de las multinacionales. Para Latindadd, el objetivo debe ser que las empresas contribuyan según su actividad económica real, y no únicamente en función del lugar donde registran sus sedes o declaran sus beneficios.
La especialista plantea tres prioridades: tratar a las multinacionales como una sola empresa y distribuir sus ganancias según dónde venden y trabajan; fortalecer la transparencia mediante informes públicos país por país y el intercambio automático de información que incluya a los países del Sur Global; y establecer mecanismos democráticos para resolver controversias, en lugar de recurrir a amenazas comerciales o arbitrajes privados.
El debate europeo demuestra que recaudar más no basta. Importa aún más quién paga, cuánto aporta y quién participa en la definición de las reglas. Para América Latina y el Caribe, avanzar hacia una tributación internacional progresiva y democrática requiere fortalecer la coordinación regional como primer paso.
Frente a las limitaciones de las iniciativas y las negociaciones condicionadas por el poder económico, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional representa una oportunidad para avanzar hacia reglas globales más equitativas.
“Mientras las reglas se definan en espacios en los que un país puede vetar o castigar a los demás, la tributación de la economía digital seguirá estancada”, señala Guerrero. En ese sentido, destaca la importancia de avanzar en el protocolo sobre la tributación de los servicios transfronterizos, con participación de todos los países en condiciones de igualdad.






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