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El papel de América Latina y El Caribe en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional
18 y 19 de julio – Hotel NH Buenos Aires City – Bolivar 160
Las maniobras abusivas para minimizar el pago de obligaciones fiscales y eludir regulaciones, que son canalizadas alrededor del mundo por empresas multinacionales y personas (o familias) con elevados patrimonios a través de jurisdicciones opacas (guaridas fiscales y financieras), fueron señaladas desde el estallido de la crisis internacional de 2007-2008 como las de mayor impacto sobre los principales problemas económicos, políticos, culturales y sociales socavando las posibilidades de desarrollo de los países del Sur Global. Los distintos abordajes que comenzaron a diseñarse en los foros globales como los encomendados a la OCDE por el G20 han sido, como mínimo, insuficientes para ofrecer soluciones reales a los problemas que experimentan los países en desarrollo producto de los flujos financieros ilícitos, en especial aquellos vinculados al frente fiscal.
A nivel nacional, las respuestas desplegadas desde los países de América Latina y el Caribe se han ido implementando de forma progresiva, pero aún siguen siendo escasas y de efectividad limitada. Esos intentos espasmódicos han convivido, a lo largo de las últimas dos décadas, con retrocesos significativos en las capacidades de las administraciones tributarias y organismos de control financiero, aduanero y bancario, junto con un preocupante deterioro de los sistemas judiciales, lo que dificulta el abordaje nacional de las complejas y sofisticadas maniobras abusivas. También debe advertirse que de la mano de los recetarios de talla única de los organismos financieros internacionales, muchos países del Sur Global han continuado implementando reformas fiscales regresivas que agravan sus problemas distributivos.
Frente a las graves limitaciones que acumulan las herramientas promovidas a nivel global y la insuficiencia de las soluciones propuestas en los planos nacionales y regionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha comenzado, a fines de 2023, un proceso para establecer una Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional. La iniciativa impulsada por los países del Sur Global, especialmente por los 54 países de la Unión Africana que conforman el Grupo Africano en Naciones Unidas y los miembros del G77, ofrece la oportunidad para reescribir las reglas fiscales a nivel internacional para que sean un verdadero instrumento para el desarrollo con inclusión que permita abordar desafíos en materia de derechos humanos, medioambientales, diversidades, educación y trabajo, entre otros.
Como evidencian las resistencias y trabas presentadas desde algunas de las economías más importantes del mundo, el proceso para lograr que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe una Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional no será sencillo. La elaboración y difusión de un primer borrador para los Términos de Referencia de la convención que será discutido en Naciones Unidas entre finales de julio y mediados de agosto de 2024 representa un nuevo paso hacia adelante en este proceso. El borrador refleja los elementos que la Alianza Global para la Justicia Fiscal y el amplio movimiento por justicia fiscal y económica reclaman hace décadas.
Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el movimiento obrero organizado, los feminismos y los movimientos indígenas tienen la capacidad para convertirse en actores determinantes para impulsar a los gobiernos de la región junto con los países de la Unión Africana y el G77 a respaldar la iniciativa y resistir los intentos de sabotaje y bloqueo de los miembros de la OCDE. Una Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional es una herramienta para que los países del Sur Global recuperen espacios que les permitan avanzar en sus estrategias de desarrollo con inclusión.
Las decisiones vinculadas a la gobernanza fiscal global y nacional no pueden ni deben suceder sin la participación de la sociedad civil. Existen experiencias recientes que, aunque se encuentran dando sus primeros pasos, evidencian la potencia que tiene la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de la región como es el caso de la implementación de la Plataforma Tributaria para Latinoamérica y El Caribe.
Por ello, el objetivo de este encuentro es colocar la voz del movimiento social sobre la agenda de trabajo en Naciones Unidas por la constitución de una Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional la cual encontrará a las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, junto con el resto de organizaciones y movimientos del Sur Global, en un proceso de articulación permanente y protagónica para coadyuvar a su concreción.
Esta jornada de dos días es organizada por la Alianza Global por la Justicia Fiscal (Global Alliance for Tax Justice – GATJ), junto con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe; y cuenta con el apoyo de la Fundación SES y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd.
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