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Nairobi, 12 de noviembre de 2025. En el marco de la tercera sesión de negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU, organizaciones de la sociedad civil del Sur Global alzaron su voz en el evento paralelo “Propuestas de la sociedad civil para los artículos de la Convención Fiscal de la ONU”. El encuentro sirvió para analizar el borrador preliminar de Naciones Unidas y presentar alternativas concretas que busquen fortalecer decisivamente el futuro convenio.
La reunión, convocada por la Global Alliance for Tax Justice y Civil Society Financing for Development Mechanism, junto con aliados del movimiento global por la justicia tributaria, evaluó las deficiencias y limitaciones del texto actual. La consigna era unánime: se necesita una nueva arquitectura fiscal multilateral.
El panel fue moderado por Luis Moreno, director de Fiscalidad Internacional de Latindadd y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), quien destacó la relevancia histórica del proceso y la oportunidad sin precedentes para el Sur Global.
“La Convención tiene el potencial de aportar los recursos que necesitan nuestros países”, señaló. En su intervención, planteó una preocupación compartida por todas las organizaciones presentes: el borrador actual es un texto esencialmente vacío, sin compromisos vinculantes, sin claridad jurídica y sin mecanismos multilaterales efectivos.
Everlyn Muendo, de Tax Justice Network Africa, expuso cómo las reglas fiscales internacionales vigentes fueron diseñadas sin la participación del Sur Global, perpetuando una estructura tributaria desigual por décadas. Explicó que principios como el de residencia, los tratados de doble tributación y la plena competencia han generado un sistema que favorece a los países de altos ingresos y a los paraísos fiscales, erosionando gravemente los ingresos de países africanos, latinoamericanos y asiáticos.
«Necesitamos una asignación justa mediante la implementación de la imposición unitaria con distribución formulada», afirmó Muendo. Además, recalcó que el sistema actual, con raíces coloniales, sigue permitiendo el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación, privando a los países en desarrollo de ingresos esenciales.
Africa Kiiza, de Christian Aid, recordó que “a quien mucho se le da, mucho se le exige”, refiriéndose a que los individuos de alto patrimonio tienen una responsabilidad proporcional con la sociedad. Señaló que desde 2015 el 1% más rico ha acumulado más de 3 billones de dólares en nueva riqueza —una cifra suficiente para erradicar la pobreza mundial veinte veces—, mientras países como Kenia apenas destinan presupuestos mínimos a salud materna.
“Esto no es un problema racial ni regional”, advirtió. “Incluso en África, apenas cuatro hombres concentran más riqueza que la mitad del continente. Mucho se les ha dado; mucho se les debe exigir.”
Kiiza cuestionó la narrativa de que la tributación de los más ricos sea un asunto exclusivamente doméstico, recordando que la riqueza se genera y traslada a través de estructuras globales profundamente ligadas al legado colonial. Por eso, pidió que la Convención Fiscal de la ONU establezca un nivel mínimo global de tributación efectiva para las grandes fortunas, junto con mecanismos de transparencia y cooperación entre países.
Por su parte, Tove Maria Ryding, de Eurodad, recordó la importancia de situar nuevamente la gobernanza fiscal global en Naciones Unidas, tras décadas en las que estos temas fueron trasladados a foros exclusivos como la OCDE.
Indicó que la Convención podría restaurar la capacidad de los gobiernos para recaudar los recursos necesarios, especialmente ante la crisis climática, la desigualdad creciente y el debilitamiento de los servicios públicos. Sin embargo, alertó que el borrador carece de mecanismos multilaterales claros, evita compromisos operativos y utiliza un lenguaje impropio de un tratado jurídicamente vinculante.
Un eje central del debate fue la transparencia, abordada por Liz Nelson, de Tax Justice Network, quien señaló que la opacidad vigente continúa facilitando el abuso fiscal y el traslado de beneficios por parte de las multinacionales.
La falta de información pública y accesible permite que capitales ocultos, empresas y figuras de alto patrimonio evadan responsabilidades fiscales, en perjuicio directo de la ciudadanía. «La transparencia, incluido el reporte país por país público, sería un gran disuasivo», dijo. Nelson insistió en que la Convención debe incluir obligaciones de reporte público país por país, un registro global de beneficiarios finales y supervisión de incentivos fiscales y flujos financieros ilícitos.
Desde Asia, Jeannie Manipon, de la organización Tax and Fiscal Justice Asia, lamentó que el artículo sobre desarrollo sostenible del borrador esté “vacío” y no vaya más allá de declaraciones generales. Instó a que el tratado comprometa a los Estados a alinear sus políticas fiscales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género y racial.
Manipon recalcó la urgencia de establecer mecanismos concretos de reporte y evaluación, destacando que los sistemas tributarios deben financiar servicios públicos universales de calidad, y gravar a industrias altamente contaminantes y a individuos con huellas ecológicas desproporcionadas.
La sesión concluyó con un llamado unánime a mantener la presión dentro y fuera de las salas de negociación. Manipon recordó que “nada bueno viene fácil” y que quienes se benefician del statu quo no renunciarán a sus privilegios sin resistencia. Las organizaciones coincidieron en que esta Convención puede convertirse en una herramienta para redistribuir riqueza en el mundo, pero solo si el texto final incorpora compromisos sólidos y verdaderamente multilaterales.
El mensaje final fue contundente: el borrador actual resulta insuficiente. Es momento de fortalecerlo, y la sociedad civil está decidida a no dejar pasar esta oportunidad histórica.
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